Unidos por San Luis propone regular la publicidad oficial del Gobierno provincial

La iniciativa llega en un momento delicado para los medios y los periodistas en la Argentina y en San Luis, en particular, si se tienen en cuenta hechos recientes que vivieron a dos periodistas (Viviana Canosa y Vanesa Escudero). En el caso de la colega de San Luis fue sacada del aire de Canal 13 y la secretaría de Comunicaciones le retiró la publicidad de su radio porque abre los micrófonos a voces disidentes.

La distribución arbitraria de la publicidad oficial en función de imponer el disciplinamiento a las empresas periodísticas se ha transformado en un patrimonio del actual Gobierno provincial que tomó a la pauta como un látigo para doblegar las líneas editoriales.

El multimillonario presupuesto se gestiona discrecionalmente. En 2021, el Gobierno volcó $1.242.993.020, monto que no incluye la erogación en ese concepto de los organismos descentralizados y sociedad del Estado. Es el equivalente al valor de 250 viviendas sociales.

En un contexto donde la gestión de Rodríguez Saá hace un gasto monumental en el rubro y avanza sobre medios y periodistas, surge la iniciativa del Frente Unidos por San Luis que fue adelantada desde el Gabinete de Control y Seguimiento Fiscal. Ingresó por la Cámara de Senadores.

Instaurar una regulación que limite la discrecionalidad y transparente el reparto es el principio rector de la idea.

Este ámbito deberá trabajar con un criterio plural convocando a audiencias públicas para que “puedan realizar sus aportes”  periodistas, medios de comunicación y asociaciones profesionales, entre otros sectores interesados.

“Hay que establecer con la participación de los actores de la comunicación los parámetros objetivos para que la pauta sea distribuida con racionalidad. Tiene que ser producto de un consenso. Que eso quede escrito en una ley”, dijo el diputado nacional Claudio Poggi al anunciar la iniciativa y se comprometió a implementar un marco regulatorio si es electo gobernador en 2023.

En qué consiste la propuesta:

| Crear una comisión redactora de un anteproyecto de ley de regulación de la pauta oficial que tendrá por finalidad la elaboración de un anteproyecto de ley que establezca parámetros objetivos de asignación y distribución de la pauta publicitaria gubernamental provincial en el que deberán considerarse los principios de equidad, racionalidad, no discriminación, no discrecionalidad, independencia informativa, pluralidad, libertad de expresión y de prensa, federalismo, acceso a la información, transparencia, integridad y austeridad del gasto público.

| La comisión estará integrada por tres diputados provinciales y tres senadores provinciales designados por los presidentes de cada Cámara, dos a propuesta del bloque mayoritario y otro a propuesta del bloque de la primera minoría. En la primera reunión los integrantes de la comisión elegirán a su presidente por mayoría simple y fijarán su reglamento interno.

| Para la elaboración del anteproyecto la comisión deberá garantizar una amplia participación de sectores representativos de los medios de comunicación, periodistas y profesionales afines, asociaciones de periodistas, expertos en la temática y de todos los individuos interesados en realizar aportes en la materia. A sus efectos, la comisión deberá convocar y organizar audiencias públicas de exposición con una amplia difusión.

| La comisión deberá cumplir su cometido en un plazo de seis   meses contados a partir de su constitución.

Argumentos fundamentales:

| “…pero más grave aún de revestir un gasto desmedido es el hecho de que mediante la asignación o retiro de la pauta oficial se presione a los medios de comunicación y periodistas para condicionar el contenido de sus expresiones”.

| “Claramente la distribución de la publicidad gubernamental no puede convertirse en un mecanismo de interferencia estatal para limar la libertad de expresión y, en definitiva, violentar el derecho de información de todos los ciudadanos”.

| “Asignar pauta oficial de manera arbitraria, discrecional y con obsceno favoritismo que beneficie a medios o periodistas afines al gobierno o no asignar o `quitar` pauta oficial a aquellos medios o periodistas que no siguen líneas informativas de agrado del gobierno, constituyen casos violación a la libertad de expresión y también de una censura encubierta”.

| “…el Estado debe garantizar la participación de todos los sectores sociales, la diversidad y pluralidad de opiniones en los medios de comunicación de manera de que se propicie un debate público sano y de calidad”.

| “… el abuso de la publicidad oficial en favor de algunos y la discriminación a quienes son críticos de quienes gobiernan, son prácticas que deben ser desterradas en nuestro sistema democrático ya que no asegura la independencia informativa y la calidad de debate público en detrimento –en definitiva– de la sociedad”.

| “… se torna necesario definir un marco normativo de asignación y distribución de pauta oficial con criterios objetivos y claros, que otorguen transparencia y garanticen la independencia informativa de los medios y periodistas y propiciando la diversidad y pluralidad de voces y evitando que la publicidad oficial sea utilizada como propaganda partidaria”.

| “El pautado gubernamental debe tener en miras informar a la sociedad sobre las acciones que ejecutan los funcionarios que se encuentran manejando fondos públicos que, como tales, también exige que la ciudadanía conozca a quienes y cuánto se paga en concepto de publicidad oficial”.